Agents, not Justice Dept. to blame in Fast and Furious

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos está ajustando sus procedimientos para responder a los pedidos de información del Congreso después de una fallida investigación sobre tráfico de armas a México.
La operación denominada "Fast and Furious" (Rápido y furioso), la Oficina para el Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus iniciales en inglés) permitió que cientos de armas traspusieran la frontera rumbo a México.
En una carta el viernes por la noche, el Departamento de Justicia dijo a tres comités legislativos que ha mejorado la coordinación entre agentes y sus supervisores en las investigaciones sobre tráfico de armas.
El secretario de justicia, Eric Holder, probablemente enfrentará preguntas sobre dichos cambios cuando comparezca el jueves ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. Ese comité ha investigado los errores del departamento en la investigación desde comienzos del año pasado.
En una carta enviada en febrero de 2011 al senador de Iowa Charles Grassley, el republicano de más rango de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el Departamento dijo que la ATF no había autorizado la venta de armas a un comprador insignificante y que la agencia hace todo esfuerzo posible por interceptar armas compradas ilegalmente.
Sin embargo, en la operación Fast and Furious, ambas declaraciones resultaron incorrectas debido a que la oficina de la ATF en Phoenix, Arizona, había desarrollado una táctica riesgosa de permitir el paso de armas en un esfuerzo infructuoso por rastrear las mayores redes de tráfico de armas a partir de los compradores menores.
Muchas de las armas aparecieron en escenas de crímenes en México y Estados Unidos, incluso cerca de Nogales, Arizona, donde fue muerto el agente fronterizo estadounidense Brian Terry. Allí se hallaron dos armas vinculadas con aquella operación.