Los planes del presidente Joe Biden de utilizar el poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello frenar el cruce de inmigrantes indocumentados desde el lado mexicano, se han demorado más de la cuenta. Si bien marzo registró una leve baja de apenas el 0.2% comparado con febrero en los hallazgos por parte de la Patrulla Fronteriza, en lo que va del año fiscal 2024 van 1,340,801 arrestos y la proyección señala que este año podría batirse un récord.
Mientras la Casa Blanca sigue barajando opciones para bajar el número de detenciones de extranjeros indocumentados, los republicanos no ceden en su estrategia de convertir el tema de la inmigración en pieza clave de la elección de noviembre, donde Biden se enfrentará nuevamente a Donald Trump, quien ha prometido restablecer su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ desde el primer día si gana los comicios.
Biden lo sabe e incluso habla del tema. En una reciente entrevista exclusiva el mandatario le dijo al periodista Enrique Acevedo que había sugerido a sus principales asesores el uso del poder ejecutivo firmando un decreto que incluya un cierre de la frontera para detener el cruce ilegal de extranjeros.
“Sugerí eso”, afirmó Biden. “Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación”, agregó y explicó que el cierre se produciría “cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla”.
Pero Biden advirtió que “no hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación (el respaldo del Congreso)”. Y anticipó que, de hacerlo, como demandan los republicanos, “podría ser demandado ante los tribunales de justicia” y con ello verse obligado a revertir esa decisión.

El tema está
sobre la mesa

Otra razón de peso para retrasar la firma de una orden ejecutiva que incluya un cierre de la frontera es la falta de recursos proporcionados por el Congreso con fondos de emergencia para la contratación de cientos de oficiales para las agencias que participan en el proceso migratorio, entre ellos de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La falta de recursos debilitó la capacidad de respuesta del gobierno de Biden para atender la crisis fronteriza en marzo respetando el debido proceso. “Ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar” (a Estados Unidos) en busca de asilo, dijo el mandatario durante la entrevista.
La falta de recursos, un tema que Biden viene demandando al Congreso desde octubre del año pasado cuando se iniciaron conversaciones bipartidistas sobre la emergencia, que en febrero fracasaron por falta de apoyo de ambos partidos, volvió a ser mencionada el lunes por la publicación Axios. “Sin dinero para implementarla (una orden ejecutiva que incluya el cierre de la frontera) no sería efectiva”, aseguró el medio. “Han llevado a Biden y sus principales asesores a ser más deliberativos antes de tomar medidas”.
BIDEN...P2
En el caso de dar el siguiente paso y firmar la orden ejecutiva, Biden utilizaría una vieja herramienta de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) conocida como Sección 212(f), que Trump ya utilizó desde el inicio de su gobierno en 2017.

De qué se trata
la Sección 212(f)

Cuando el 25 de enero de 2017 Trump firmó las órdenes ejecutivas sobre la construcción del muro en la frontera con México y la prohibición de las ciudades santuario, despertó y usó la Sección 212 (f) para cambiar normas y modificar radicalmente la interpretación de reglamentos redactados por el Congreso con un propósito que, según algunos expertos en leyes, es distinto al que existía en ese momento.
Los cambios hechos por Trump a la ley de inmigración se apoyaron en tal sección, que faculta al presidente a suspender la entrada de extranjeros.
La herramienta otorga al mandatario poderes dependiendo de la situación que viva el país. “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, puede hacerlo mediante proclamación y durante el período que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”, señala el texto que en ese momento fue publicado por los secretarios de Justicia y Seguridad Nacional.

Y lo mismo faculta al fiscal general. Por ejemplo, cada vez que este funcionario “descubra que una aerolínea comercial no ha cumplido con las regulaciones en relación con los requisitos de las aerolíneas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a Estados Unidos (incluida la capacitación del personal en dicha detección), puede suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a Estados Unidos por dicha aerolínea”, añade.
Y, además, le concede amplios poderes para hacer excepciones, por ejemplo, con los cónyuges o hijos solteros o adoptados legalmente de un ciudadano o de un extranjero admitido legalmente para residencia permanente, o de un extranjero que ha recibido una visa de inmigrante”.

Trump incluso fue más lejos. Al comienzo de su gobierno aseguró que la inmigración ha convertido a Estados Unidos en un caos y reclamó acciones inmediatas para restablecer el orden. Y en ese esfuerzo se comprometió a construir un muro fronterizo y garantizar la pronta eliminación de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país) ilegales (indocumentados)”.

Biden lo considera
desde febrero

La misma herramienta utilizada por Trump que le permitió modificar reglamentos de partes de la Ley de Inmigración sin la aprobación del Congreso está siendo analizada por el gobierno de Biden al menos desde febrero.
Los reportes indicaron que el proyecto cerraría la frontera a nuevas entradas en los casos en que más de 5,000 migrantes por día intenten cruzar en una semana o más de 8,500 lo hagan en el transcurso de un mismo día.
Esta acción de la administración de Biden parece ser una extensión de algunas de las medidas más duras de la legislación de compromiso fronterizo, que fue rechazada por los republicanos en febrero, y otra señal de los esfuerzos de la Casa Blanca para mostrar que también pueden ser agresivos en materia de seguridad fronteriza antes del día de las elecciones.

Pero no está claro si lo hará o no, sobre todo ante la amenaza de ser demandado en los tribunales de justicia como lo reconoció el propio Biden en la entrevista exclusiva a Univision la semana pasada.
“Es factible que lo haga (use la Sección 212(f), pero existen dudas si la implementación de esta he-rramienta sea legal”, dice Angel Leal, un abogado de inmigración y constitucionalista que ejerce en Miami, Florida.
Leal recordó que, en varias decisiones judiciales, el expresidente Trump fue señalado de haber actuado de manera caprichosa y arbitraria, un escenario que también podría enfrentar Biden.  
“Estamos tratando de trabajar en eso”, precisó Biden durante la entrevista

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