El desarrollo pendiente de un puerto marítimo de $3,000 millones en Perú otorgará a China acceso directo al mercado comercial sudamericano y será el primer puerto controlado por China en Sudamérica.
Este y otros proyectos de desarrollo portuario propuestos ilustran las ambiciones de Pekín de reforzar su presencia e influencia en diversas regiones del mundo. Estados Unidos debe aumentar su involucramiento económico en América Latina para ofrecer a la región alternativas competitivas para su desarrollo. Durante varias décadas, los formuladores de políticas de Washington han prestado una atención mínima a América Latina.
La escasa inversión en la región por parte de Estados Unidos ha creado una oportunidad para la República Popular China, que ha intervenido con ofertas de importantes inversiones comerciales y financieras para los países latinoamericanos, aunque no necesariamente sin condiciones.
El comercio entre China y América Latina ha pasado de $12,000 millones a $315,000 millones entre 2000 y 2020. El Foro Económico Mundial estima que el valor del comercio pudiera aumentar en más del doble a $700,000 millones para 2035.
Del mismo modo, desde 2005, las inversiones chinas en países de América Latina y el Caribe superaron los $155,000 millones y se dirigieron a varios sectores económicos vitales, como la banca y la energía, según el China Global Investment Tracker del American Enterprise Institute. En la actualidad, 22 países de América Latina y el Caribe han firmado un Memorando de Entendimiento con Pekín que ratifica su participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
En el centro de la ofensiva económica de Pekín están empresas privadas e instituciones financieras estatales y vinculadas al Estado que actúan como aglutinante entre China y la región. Los contratos firmados entre chinos y gobiernos en América Latina suelen completarse sin supervisión externa y con la obligación de no revelar detalles mediante cláusulas de confidencialidad.

Con este tipo de acuerdos, los valores políticos autoritarios de Pekín, que acompañan a su involucramiento económico, le permiten ejercer su influencia en toda la región sin control.
La corrupción geoestratégica, que China usa para ganar influencia en los ámbitos político, económico y social de la región, también se ha vuelto cada vez más problemática. La estrategia que subyace tras esta forma de corrupción permite a Pekín influir en las políticas públicas a su favor al margen de los canales diplomáticos y obtener una ventaja competitiva.
Del mismo modo, la sobreexposición económica a China se convierte en una herramienta explotable para Pekín. El Partido Comunista Chino contrarresta cualquier crítica a su forma de operar con amenazas reales y percibidas de retirar la financiación. Tales promesas permiten a Pekín ejercer la coerción económica sin repercusiones.
Mientras tanto, los países latinoamericanos están ansiosos por atraer inversiones para desarrollar infraestructura, la cual enfrenta un déficit de unos $150,000 millones anuales.
Estados Unidos tiene la oportunidad de contribuir a un crecimiento económico más sostenible en la región y en su propio país. Además, con las políticas adecuadas de Washington, América Latina puede empezar a desarrollar un sector privado más abierto y competitivo.
A principios de este año, la administración de Biden anunció que, a través de la Alianza para Centroamérica, empresas del sector privado han comprometido más de $5,000 millones en financiación para el desarrollo de la región. Estados Unidos debería dar prioridad a asociaciones público-privadas similares para reforzar la participación del sector privado en América Latina.    Usando al Departamento de Comercio y a la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC), Estados Unidos puede aprovechar las iniciativas existentes para movilizar al sector privado en todo el continente americano con socios internacionales en varios sectores en desarrollo.
Esto puede reforzarse aprovechando los acuerdos de libre comercio existentes, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), que incentivan mayores vínculos entre el sector privado estadounidense y los países latinoamericanos. Una posible mejora es reactivar una asociación similar al Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA) con los países democráticos de América Latina para eliminar o reducir las barreras comerciales.  Además, las asociaciones y el compromiso de Estados Unidos con América Latina deberían establecer mecanismos para reforzar los puntos débiles de la reglamentación y aumentar la transparencia y la competencia leal en el mercado.
El fomento de estos valores crea la oportunidad de reforzar las condiciones económicas y la confianza, mejorando la economía de la región. Por último, Estados Unidos debería trabajar con los gobiernos de la región para establecer estrategias que limiten la coerción económica.
Y, lo que es más importante, al reforzar las prácticas de economía de mercado y la financiación del desarrollo en América Latina, Estados Unidos puede liderar el camino hacia un hemisferio más estable y democrático.

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